Tres cuartos de todos los abortos en América Latina se hacen de forma ilegal. Junto con África y Asia, esta región reune gran parte de los 17.1 millones abortos realizados de manera insegura cada año alrededor del mundo, según el nuevo informe del journal The Lancet, publicado en conjunto con el Instituto Guttmacher, un ONG internacional.
Si bien es inquietante, el dato no es sorprendente. Seis países en la región prohíben terminantemente el aborto en cualquier circunstancia: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. Esta prohibición total, incluso para salvar la vida de la mujer, se sostiene aún tan solo en dos países más del mundo, Malta y el Vaticano.
Los estudios confirman que las leyes restrictivas de ninguna forma previenen o impiden que las mujeres sigan recurriendo al aborto. Y en la gran mayoría de países en esta región, entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, y desde agosto del 2017 Chile, este procedimiento médico es legal pero usualmente restringido a ciertas causales como la salud de la madre o casos de violación sexual.
Pero no en Centroamérica, región que cuenta con tres de los ocho países donde el aborto es ilegal en toda circunstancia. Como abogada costaricense y feminista, no me parece cosa menor que a la mayoría de mujeres en estados vecinos no tienen acceso a este servicio básico de salud.
Centroamérica: retrocesos mortales
¿Cómo llegó esta región a omitir el reconocimiento de las mujeres como personas plenas sujetas de derechos? A mi criterio, la relación entre democracia y derechos reproductivos de las mujeres es evidente en los tres países: Honduras, Nicaragua y El Salvador.
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En Honduras, como resultado de un shock político, no solo la prohibición del aborto en todas circunstancias incluso para salvar la vida de las mujeres, se reafirmó sino que además, tras el golpe de estado contra el presidente Zelaya en 2009, la anticoncepción de emergencia se penalizó totalmente también.
A pesar de los esfuerzos incansables de las defensoras de derechos humanos y pronunciamientos vehementes del sistema de Naciones Unidas, sus personas expertas independientes y ONGs como Amnistia Internacional, no se ha visto ningún avance concreto con respectos a los derechos reproductivos de las mujeres.
Esto no debería extrañar. En Honduras hoy, la violación a los derechos humanos – desde la violencia y la pobreza hasta la impunidad – es algo de todos los días, para toda la población. La galopante desigualdad de género es simplemente otro sintoma de este escenario triste.
Justo al sur, en Nicaragua, la situación es similar. Ahí, la interrupción del embarazo por la causal salud se sostuvo desde 1837 hasta hace relativamente poco. Pero bajo el actual gobierno del Comandante Daniel Ortega, quien ha modificado la Constitución para poder eligirse una tercera vez, se hicieron enmiendas al Código Penal, con el resultado de una prohibición total del aborto.
Ortega apoyó los derechos reproductivos durante su primera administración en los 80, pero desde entonces se ha alineado con la Iglesia Católica, que rechaza fuertemente este procedimiento médico.
Una normativa de 2006, aún vigente, le niega a las mujeres con embarazos que impliquen riesgo para su vida y/o su salud la posibilidad de sobrevivir, ya que la ley no contempló ninguna excepción.
Esto ha tenido y tiene repercusiones letales para las mujeres en Nicaragua. En 2010, una mujer embarazada, cuyo seudónimo fue “Amelia”, le fue negado el tratamiento para un cáncer metastático porque, según el estado, el tratamiento podría provocar un aborto, esto a pesar de que el personal médico había recomendado que iniciara quimioterapia o radioterapia de manera urgente.
Eventualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a Amelia pero el daño ya estaba hecho. Ella murió en 2011.
Aunque parece imposible, las mujeres tal vez sufran más en El Salvador, país que estuvo bajo una guerra civil devastadora con crímenes que permanecen en la impunidad e infiltración criminal de la policia.
En 1997, con un cambio en el Código Penal, se penalizó todo tipo de aborto, y actualmente se persiguen aún aquellos abortos espontáneos, bajo sospecha de que hayan sido inducidos. En 1999, El Salvador reconoció constitucionalmente como persona humana al embrión desde el momento de la concepción, argumento jurídico usado para sostener la penalización completa del aborto, obviando la necesidad cuando haya riesgo para la vida de la mujer, casos de violación o graves malformaciones en el feto.
La corriente social en contra del aborto es tan virulente en El Salvador hoy en día que algunas mujeres han sido acusadas – hasta por sus propios familiares – de homicidio agravado a pesar de que lo que tuvieron fue una pérdida espontánea. En 2016, la persecución llegó a tal punto que incluso Suecia brindó asilo político“ a una mujer sentenciada a 40 años por perder el embarazo.
Notando esta clase de injusticia social, en 2014, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer pidió a El Salvador despenalizar el aborto, ya que la gran mayoría de mujeres perseguidas y condenadas por abortar, son precisamente aquellas en mayor grado de vulnerabilidad: jóvenes, sin educación formal, sin trabajo y solteras.
La ciudadanía de las mujeres
Hay diferencias culturales, políticas y económicas entre estos tres países, por supuesto, pero la relación entre la degradación del estado de derecho y la falta de reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres es notable. Es así porque al negarles a las mujeres la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos se les niega sus derechos humanos, ya que resultan ser valiosas en tanto son percibidas como depositarios de potenciales vidas, vidas que la ley reconoce como dignas de ser protegidas.
La Corte Constitucional de Colombia lo dijo acertadamente en el 2006, para despenalizar el aborto fundamentó que, "La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo”.
La historia de Chile confirma esta realidad. En 1931, el Congreso aprobó la excepción de la interrupción voluntaria del embarazo con fines terapéuticos en casos de peligro para la mujer o inviabilidad del feto, y se mantuvo por más de 50 años.
No obstante, se volvió ilegal con la regimen del General Augustin Pinochet en 1973, y en la Constitución Chilena de 1980 se estableció que la ley protegía la vida “del que está por nacer” bajo la interpretación de que la vida de la mujer valía mucho menos que la de un embrión.
No fue sino hasta este año, agosto 2017, que se regresó a la sensatez de proteger la vida y salud de las mujeres. La reciente “re-legalización” del aborto en Chile muestra que una vez que las mujeres han perdido su valor ante el estado, como persona frente al de los embriones y fetos, es muy difícil volver atrás pero es posible.
